Camino de conmemorar el 30 aniversario de los Ayuntamientos en la vida democrática de nuestro país, se torna imprescindible asumir que el siglo XXI debe ser necesariamente el siglo de los Ayuntamientos. Es momento ya de asumir que la situación de los entes locales como pilar imprescindible de la democracia en nuestro país necesita una urgente y necesaria remodelación en su modelo de financiación local, reforma que ajustándose en todo momento a la realidad  de los municipios debe ir unida a la creación de un sistema responsable y coherente de reparto de fondos estatales y autonómicos entre los municipios de nuestro país, ya que sólo de esta forma se podrán seguir impulsando las políticas de bienestar social y desarrollo económico en el ámbito de lo municipal.

Y es que en estos treinta años de gobiernos democráticos de nuestro país  las entidades locales se han convertido en la primer línea de gestión directa entre el poder político y la ciudadanía de a pie, ciudadanía que ha visto como desde los ayuntamientos se han resuelto problemas de índole diversa, aún cuando las competencias asumidas desde los mismos no eran las que marcaba la hoja de ruta de la administración, asumiendo los gobiernos locales competencias impropias que en ningún caso les pertenecían, y todo ello con el claro objetivo de contribuir a impulsar la política de bienestar entre los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos y ciudades de nuestro país.

Esta vocación de servicio a la que los ayuntamientos se han visto impulsados en pos de la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida de sus ciudadanos ha mermado de manera directa otras capacidades económicas y financieras de los Ayuntamientos, debilitando la posibilidad de llevar a cabo políticas de planificación estratégica y desarrollo local.

La labor de los cientos de alcaldes/as y concejales/as de nuestro país al frente de los Ayuntamientos ha contribuido a través de su esfuerzo y vocación de servicio público al fortalecimiento de nuestra democracia. Por ello, ahora toca de una vez por todas que desde el estado y las comunidades autónomas se reconozca de manera pública la labor de los ayuntamientos en nuestro país,  reconocimiento que sólo puede venir aparejado con la puesta en marcha  de un nuevo modelo de financiación local y tributos en el cual los entes locales asuman un aumento de recursos económicos que hagan posible seguir desarrollando nuestro democracia.

El Siglo XXI es el tiempo del poder local,  tras la superación de la fase de desarrollo de las comunidades autónomas toca ahora dar un nuevo papel en el estado a los ayuntamientos como elementos de vertebración de nuestro país sin los cuales las políticas de bienestar social no podrían ser llevadas a cabo de una manera directa. Para ello la puesta en marcha de medidas tales como : El reparto de fondos en equiparación a los servicios y prestaciones que desde los ayuntamientos se realiza, la mayor participación en el acceso a la financiación tanto del estado como de las Comunidades autónomas por parte de los gobiernos locales etc.